La estrategia de seguridad del gobierno está quedando bajo enorme
presión, luego de la masacre de 16 jóvenes en Ciudad Juárez, el 31 de enero.
Días más tarde, Alberto Brunori, el más alto funcionario de derechos humanos de
la ONU en México, estuvo muy cerca de decir que el gobierno no había investigado
apropiadamente la masacre. Brunori fue particularmente desdeñoso del argumento
del gobierno que algunos de los asesinados estaban ellos mismos vinculados con
los gangsters que operan en Ciudad Juárez. Los padres de los jóvenes muertos, y
algunos políticos, están pidiendo al gobierno que traiga una fuerza de paz de la
ONU a Ciudad Juárez, donde en 2009 fueron asesinadas por los gangsters 2.635
personas.End of preview - This article contains approximately 659 words.
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